Reacciones al plan anti-descargas.
Internautas y expertos en Nuevas Tecnologías ya han puesto el grito en el cielo tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Economía sostenible por el consejo de Ministros, y más en concreto el de su aspecto más polémico, el que pretende cambiar la forma de juzgar los posibles delitos sobre la propiedad intelectual.
Enrique Dans ha manifestado que: "el verdadero problema del anteproyecto de ley es que se establece una vía privilegiada para los titulares de propiedad intelectual que resulta que de repente tienen un nivel de protección muy superior que el resto de ciudadanos". "Se puede utilizar nada menos que a la Audiencia Nacional para en un procedimiento en un auto, no en una sentencia, y en cuatro días a un procedimiento sumarísimo para sacar o eliminar de la circulación a una página web".

David Bravo, abogado especialista en temas de Propiedad Intelectual, explica que lo que el Gobierno diga contra quién se va a utilizar este arma es irrelevante, porque en realidad puede utilizarse contra quienes los demandantes deseen. En realidad, está diseñada para acabar con cualquiera que se considera que ha vulnerado los derechos de la propiedad intelectual, no sólo con determinadas páginas. Es absurdo que el Gobierno esté tratando de tranquilizarnos diciendo que sólo va a "disparar contra los malos", cuando ha planificado una medida con capacidad de mucho más.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez-Subías, asegura que se trata de una medida "innecesaria", ya que entiende que es un "apaño". Esta nueva situación jurídica podría llevar a "casos extremos" de cierre de buscadores como Google. "Los buscadores tienen millones de enlaces con sitios a páginas webs de descargas no autorizadas. Pongo este ejemplo para que se vea hasta dónde se podría llegar".