Se desclasifican los documentos militares de la dictadura argentina.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, levantó el secreto que pueda pesar sobre documentos de acciones de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar (1976-1983), como pidió un juez que investiga violaciones a los derechos humanos.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, dispuso "relevar de la clasificación de seguridad a toda aquella información y documentación" de las Fuerzas Armadas durante la dictadura "así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar".
El decreto presidencial exceptúa de la desclasificación a la información relativa a la guerra que Argentina libró en 1982 con el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas y datos vinculados con la "inteligencia estratégica militar" bajo secreto.
Fernández tomó esa decisión a petición de un juez federal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en una cárcel clandestina que funcionó en ese distrito durante la dictadura, según consta en el decreto.
"Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de 'Secreto de Estado' o cualquier otra clasificación de Seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".
Actualmente están en curso, entre otros, los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de desaparición y exterminio llamados Atlético, Banco y Olimpo (ABO).
La presidenta argentina, Cristina Fernández, levantó el secreto que pueda pesar sobre documentos de acciones de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar (1976-1983), como pidió un juez que investiga violaciones a los derechos humanos.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, dispuso "relevar de la clasificación de seguridad a toda aquella información y documentación" de las Fuerzas Armadas durante la dictadura "así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar".
El decreto presidencial exceptúa de la desclasificación a la información relativa a la guerra que Argentina libró en 1982 con el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas y datos vinculados con la "inteligencia estratégica militar" bajo secreto.
Fernández tomó esa decisión a petición de un juez federal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en una cárcel clandestina que funcionó en ese distrito durante la dictadura, según consta en el decreto.
"Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de 'Secreto de Estado' o cualquier otra clasificación de Seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".
Actualmente están en curso, entre otros, los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de desaparición y exterminio llamados Atlético, Banco y Olimpo (ABO).
Ver el decreto (4/2010: Relévase de la clasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.)
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