Sigue el culebrón...
El ex ministro de Aznar sigue dando que hablar. Ayer, en una carta enviada a varios medios, Francisco Álvarez-Cascos arremetió contra la sede local del Partido Popular de Gijón calificándolos de “grupito sin escrúpulos” y elogió la actuación del ciudadano de Izquierda Republicana que encontró en la basura un archivador con la etiqueta “Correspondencia Particular. Sr. Álvarez-Cascos”.
Por su parte, la dirección nacional del PP ha respaldado al ex ministro y ha ordenado al presidente del Partido en Asturias, Ovidio Sánchez, la apertura de una investigación para aclarar los hechos y ver si han desaparecido otros documentos.
El ciudadano que descubrió el archivo perteneció a Izquierda Republicana hasta 2008. Tras ponerse en contacto con el ex ministro, éste le remitió a su hombre de confianza, Isidro Martínez Oblanca, con quien acudió al notario para levantar acta del asunto. Los letrados consideran que la junta local podría ser multada con una infracción de carácter muy grave al no proteger datos de nivel alto como la afiliación sindical, la religión del demandante o los datos relacionados con su salud.
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El ex ministro de Aznar sigue dando que hablar. Ayer, en una carta enviada a varios medios, Francisco Álvarez-Cascos arremetió contra la sede local del Partido Popular de Gijón calificándolos de “grupito sin escrúpulos” y elogió la actuación del ciudadano de Izquierda Republicana que encontró en la basura un archivador con la etiqueta “Correspondencia Particular. Sr. Álvarez-Cascos”.
Por su parte, la dirección nacional del PP ha respaldado al ex ministro y ha ordenado al presidente del Partido en Asturias, Ovidio Sánchez, la apertura de una investigación para aclarar los hechos y ver si han desaparecido otros documentos.
El ciudadano que descubrió el archivo perteneció a Izquierda Republicana hasta 2008. Tras ponerse en contacto con el ex ministro, éste le remitió a su hombre de confianza, Isidro Martínez Oblanca, con quien acudió al notario para levantar acta del asunto. Los letrados consideran que la junta local podría ser multada con una infracción de carácter muy grave al no proteger datos de nivel alto como la afiliación sindical, la religión del demandante o los datos relacionados con su salud.
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