Investigan a un funcionario por un presunto delito de falsedad documental.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha iniciado una investigación por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y posible falsedad documental cometido por un funcionario del Juzgado de lo Penal número 1, precisamente el órgano judicial que no ejecutó la condena contra el presunto asesino de la pequeña onubense Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.
Desde la Consejería de Justicia y Administración Pública quisieron dejar claro que se trata de "un suceso aislado que en absoluto es representativo de la profesionalidad contrastada del cuerpo de funcionarios de Justicia", añadiendo que se encuentra recabando la información necesaria para esclarecer los hechos y está prestando la colaboración que pueda ser demandada por el juzgado que instruye el caso.
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