Los documentos sobre agrupaciones, entidades o particulares asturianos que se custodiaban en el Centro Documental de la Memoria Histórica «se incautaron en Cataluña y el artículo 2.2 de la ley de Restitución a la Generalitat nos obliga a devolverlos. Los archivos tienen una localidad pero no son de esa localidad», ha declarado Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Una vez aprobada la ley, explica Rogelio Blanco, el Gobierno elaboró un real decreto en el que se fijaba un periodo que finalizó el 31 de diciembre de 2010 para que las personas particulares o entidades jurídicas de todas las comunidades autónomas solicitaran la devolución de esa documentación. «El 1 de enero de 2011 no tenía ninguna solicitud de Asturias, nadie en Asturias ejerció ese derecho. Derecho que sí ejercieron autonomías como País Vasco, Madrid y Cataluña. El Principado no nos transfirió ninguna solicitud de documentación», añade el director de Archivos.
Rogelio Blanco califica de «brindis al sol» la carta que le dirigió el Gobierno regional en la que, además de exigirle explicaciones sobre el traslado a Cataluña de esos documentos, decía que había iniciado los trámites para que sean restituidos a Asturias «la totalidad de los fondos documentales» incautados en el Principado y que se custodian en el Centro de la Memoria.

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