Los datos de dependientes en manos de una empresa privada.
Todo ciudadano que pide una ayuda a la Xunta de Galicia acogiéndose a la Ley de Dependencia, le cede voluntariamente documentación sensible. Con lo que no contaban los solicitantes es que, a partir de ahora, una empresa privada también va a tener acceso a parte esos papeles que les ha cedido la Administración.
La Consellería de Traballo ha contratado a Indra a fin de que digitalice 4.000 expedientes para la tramitación de subvenciones y acaba de convocar otro concurso, publicado el 3 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOGA), con un presupuesto inicial de 798.482 euros, para contratar una herramienta informática que permita a la Administración disponer de expedientes digitales de cada dependiente.
Diputados y representantes sindicales han mostrado su preocupación, pero Traballo apela a los artículos 11 y 12 de la Ley de Protección de Datos para asegurar que el contrato es perfectamente legal. Según un portavoz de la consellería, Indra ha firmado un acuerdo para garantizar la confidencialidad de los datos. Además, cada trabajador de la empresa que se encargue de usarlos también deberá suscribir personalmente una cláusula semejante. La consellería asegura que organismos de las Administración central como el Inserso o la Seguridad Social han realizado contratos semejantes con empresas privadas.
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