El «timo» de los papeles de don Niceto.
Dice ABC que la operación del Ministerio de Cultura para hacerse con los documentos robados al primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, "ha devenido en un episodio con marchamo de timo y apariencia de engaño, cuando no de negligencia o irregularidad".
Con el litigio entre Mariano Soria y los herederos de Alcalá-Zamora aún por resolver, el Ministerio de Cultura "se ha precipitado"; en una operación a tres bandas en la que también ha intervenido la Agencia Tributaria. Ha mercadeado con un conjunto documental que tiene bajo su custodia por orden judicial desde que la Guardia Civil se incautara en Valencia de los documentos, cuando la familia Soria negociaba su venta. En contra de lo que afirma Cultura, ningún juez ha dicho aún de quién son los documentos; ningún juez ha relevado al Ministerio del deber de custodia que tenía sobre los mismos.
El pasado 13 de marzo el juez de instrucción número 7 de Valencia dictó una providencia de la que hizo partícipe a Cultura. En ella le comunicaba el archivo de la causa penal por prescripción del delito y, tras apelar a la Ley de la Memoria Histórica, ordenaba al Ministerio conservar los legajos en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
El juez no resolvió sobre la propiedad de los papeles. Nunca dijo que el particular al que le fueron incautados hubiera adquirido la propiedad como tampoco lo dijo la Audiencia Provincial.
Los Soria recurrieron en marzo; los Alcalá-Zamora lo hicieron en mayo; el fiscal informó el 14 de junio y el 28 de ese mismo mes, el juez se negó de nuevo a decir de quién son los documentos. Su decisión ha sido de nuevo recurrida. El caso está vivo.
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Dice ABC que la operación del Ministerio de Cultura para hacerse con los documentos robados al primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, "ha devenido en un episodio con marchamo de timo y apariencia de engaño, cuando no de negligencia o irregularidad".
Con el litigio entre Mariano Soria y los herederos de Alcalá-Zamora aún por resolver, el Ministerio de Cultura "se ha precipitado"; en una operación a tres bandas en la que también ha intervenido la Agencia Tributaria. Ha mercadeado con un conjunto documental que tiene bajo su custodia por orden judicial desde que la Guardia Civil se incautara en Valencia de los documentos, cuando la familia Soria negociaba su venta. En contra de lo que afirma Cultura, ningún juez ha dicho aún de quién son los documentos; ningún juez ha relevado al Ministerio del deber de custodia que tenía sobre los mismos.
El pasado 13 de marzo el juez de instrucción número 7 de Valencia dictó una providencia de la que hizo partícipe a Cultura. En ella le comunicaba el archivo de la causa penal por prescripción del delito y, tras apelar a la Ley de la Memoria Histórica, ordenaba al Ministerio conservar los legajos en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
El juez no resolvió sobre la propiedad de los papeles. Nunca dijo que el particular al que le fueron incautados hubiera adquirido la propiedad como tampoco lo dijo la Audiencia Provincial.
Los Soria recurrieron en marzo; los Alcalá-Zamora lo hicieron en mayo; el fiscal informó el 14 de junio y el 28 de ese mismo mes, el juez se negó de nuevo a decir de quién son los documentos. Su decisión ha sido de nuevo recurrida. El caso está vivo.
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