7 ene 2010

El gobierno de México no aplica su Ley de Transparencia.
Análisis elaborados por organizaciones no gubernamentales muestran que las disposiciones constitucionales de transparencia y acceso a la información han sido ignoradas por varias entidades federativas.
Académicos y representantes de las agrupaciones civiles coinciden en que el derecho a la información gubernamental corre el riesgo de ser “una simulación”, pues la falta de sanciones ha permitido que gobernantes, dependencias y todo el sistema burocrático se invente modelos para la opacidad.
“Distintas entidades han sofisticado sus mecanismos de evasión”, resalta Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre los más comunes está la de clasificar información como “reservada”.
Desde el primer minuto en que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el gobierno federal encontró cualquier resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos.
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