La Rioja podrá recuperar parte de los documentos históricos de Ojacastro que iban a ser subastados ayer Bilbao. Tras varios días de negociaciones, la casa Subastas Bilbao XXI accedió a retirar de la venta la mitad de los casi cuarenta lotes ante la reclamación por parte del Gobierno riojano de los documentos considerados públicos e indiscutiblemente pertenecientes al patrimonio del municipio riojalteño.
Un buro-fax firmado por Máximo Fraile, director general de Calidad de los Servicios y Tecnologías de la Información del Gobierno de La Rioja, enviado a Subastas Bilbao XXI, apeló a la vigente Ley de Patrimonio (Ley autonómica 4/1994) para reclamar por derecho los 'papeles de Ojacastro'. Una ley que, obviamente, no existía en 1988, cuando el Ejecutivo regional recibió una oferta para su compra sólo unos años después de su desaparición. El Gobierno ofreció entonces millón y medio de pesetas por ellos, pero la operación no llegó a efectuarse porque exigía conocer la identidad del poseedor y éste se negó.
A pesar de todo, 18 documentos procedentes de Ojacastro y también de Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray o Lagunilla sí salieron a subasta, aunque como los retirados, podrían ser considerados igualmente públicos y, en todo caso, su origen es el mismo, así como el modo supuestamente ilícito en que pasaron a manos privadas.
Un buro-fax firmado por Máximo Fraile, director general de Calidad de los Servicios y Tecnologías de la Información del Gobierno de La Rioja, enviado a Subastas Bilbao XXI, apeló a la vigente Ley de Patrimonio (Ley autonómica 4/1994) para reclamar por derecho los 'papeles de Ojacastro'. Una ley que, obviamente, no existía en 1988, cuando el Ejecutivo regional recibió una oferta para su compra sólo unos años después de su desaparición. El Gobierno ofreció entonces millón y medio de pesetas por ellos, pero la operación no llegó a efectuarse porque exigía conocer la identidad del poseedor y éste se negó.
A pesar de todo, 18 documentos procedentes de Ojacastro y también de Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray o Lagunilla sí salieron a subasta, aunque como los retirados, podrían ser considerados igualmente públicos y, en todo caso, su origen es el mismo, así como el modo supuestamente ilícito en que pasaron a manos privadas.
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