Si una empresa privada tira datos a la calle se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros; un juzgado, por el mismo hecho, no paga nada.
Nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones de las víctimas, fotocopias de sus documentos de identidad e, incluso, sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento. Todos estos datos estaban al alcance de cualquier viandante en las calles de Madrid, Alzira (Valencia), Sevilla e Igualada (Barcelona). La información procedía de cuatro juzgados, contra los que la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado procedimientos de declaración de infracción. Un hecho que de haber sido cometido por una empresa privada, sería sancionado con una multa que podría ascender hasta los 600.000 euros. En el caso de los juzgados, en cambio, la Administración Pública no va a pagar un solo euro.
Este castigo es calificado por los expertos consultados de insuficiente porque, según apuntan, prácticas como la llevada a cabo por los juzgados están siendo cada vez está más extendidas, a pesar de que la vigilancia se ha intensificado en los últimos años.
Más información