El MAP ha puesto en marcha un plan de desarrollo de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y da un plazo máximo de dos años a la Administración General del Estado para adecuar los procedimientos administrativos a las nuevas tecnologías.
También se ha publicado un estudio que estima que serán necesarios 300 millones de euros para desarrollar la ley.
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