La cuestión prejudicial -una consulta que se plantea en forma de auto y en el que se exponen, sin inclinarse por una tesis concreta, todos los interrogantes jurídicos a los que se ha enfrentado el tribunal- ha sido planteada por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
En ella, los magistrados piden al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que resuelva si un particular tiene derecho a reclamar la supresión y el bloqueo de informaciones en los buscadores de internet relativas a su persona y que, con las nuevas tecnologías, podrían ser localizadas "a lo largo de toda su vida y la de sus descendientes".
La Audiencia Nacional ha decidido actuar así tras abordar el caso de un particular que, al teclear su nombre en Google, encontraba el enlace a un anuncio de la subasta de un inmueble por un impago a la Seguridad Social publicado en un periódico de tirada nacional.
Si el Tribunal de la UE admite la cuestión prejudicial, se iniciará un procedimiento que finalizará con una sentencia que vinculará a todos los tribunales europeos que tengan que resolver cuestiones relacionadas con el derecho al olvido.
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