Los archivos judiciales en Castilla y León necesitarían, como mínimo, una inversión de unos 12 millones de euros para mejorar su actual situación, según se desprende de un informe encargado por la Junta. En el informe se proponen tres medidas urgentes a adoptar: poner en marcha los archivos de gestión, crear los archivos territoriales y poner en funcionamiento las juntas de expurgo.
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