El tribunal constitucional ha fallado que la ley que creó el Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate (CNSAS) era inconstitucional. Todas las decisiones del organismo desde su creación en 1999 podrían ser anuladas. Los cargos públicos que colaboraron con la policía ya no serán desenmascarados, las sentencias del Consejo quedan sin valor y Rumanía cuelve al secretismo. Ahora el Parlamento deberá elaborar una nueva ley y el organismo que sustituya al CNSAS tendrá facultades limitadas.
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