Más de 1 millón de documentos históricos del gobierno de EE.UU se han restringido al público desde desde el 11 de sept. de 2001. Los documentos incluyen datos que afectarían a la seguridad y que deben protegerse para evitar posibles ataques terroristas. En la premura por quitar documentos potencialmente dañinos se han retirado muchos expedientes que podrían estar disponibles. Una intervención consecuente hubiese determinado que uno de cada tres documentos muestreados no debería haber sido reclasificado.
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