La suspensión del Patronato del Centro de la Memoria Histórica ha vuelto a abrir esta semana la polémica de los llamados «papeles de Salamanca». Un debate en el que se han cruzado acusaciones en todas direcciones. Mientras, la Generalitat acusaba al Gobierno de «estafa cultural» y la Comisión de la Dignidad amenazaba con llevar el caso a la ONU, en Castilla y León casi todos se alegraban por la suspensión de un nuevo envío y hacían sus propias declaraciones.
Historiadores y organizaciones sindicales, como CNT, UGT y PCE, denuncian las irregularidades que se han producido en el archivo de Salamanca al trasladar documentos a Catalunya.
«Esta no es documentación de una organización catalana. Es documentación nacional del PCE», afirma Fernando Sánchez, desde el Partido Comunista de España. Él mismo explica que remitió cartas al Ministerio de Cultura para mostrar su desacuerdo por enviar «cajas» que pertenecían a este partido. «Si una organización es de carácter nacional, lo normal es que sus archivos estén en un archivo nacional y no que se disgreguen por las diferentes comunidades autónomas, sino que se entreguen a su legítimo propietario», asegura Manuel Vicent, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que reconoce haber remitido una carta sobre este asunto a Cultura en diciembre de 2005.
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